La manifestación del pueblo ecuatoriano fue interpretada y utilizada de diferentes maneras por los sectores políticos y sociales del Ecuador. Sin embargo, todos concordaron en que la corrupción del régimen bucaramista fue una de las causas determinantes del levantamiento popular. Pero la corrupción no fue un patrimonio de ese régimen. El abuso del poder, el tráfico de influencias, la contratación de funcionarios y empleados públicos no calificados, el nepotismo, las coimas obligatorias en la contratación pública y otro tipo de irregularidades vienen desde la fundación misma de la República.

Por eso, se creó la Comisión Anticorrupción como un organismo de control independiente que previene la corrupción, investiga los actos de corrupción y vigila que en los procesos penales se sancione a los responsables de actos irregulares, tanto de gobiernos anteriores como actuales.

Dentro de las limitaciones legales, de la cultura obstruccionista de la alta burocracia y de los celos nacidos del temor al control ciudadano, la Comisión trabaja con responsabilidad.

Desde su inicio hasta la actualidad, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, Organismo de Control que representa a la sociedad ecuatoriana, ratifica que por su esencia, en todos sus actos, está sobre las circunstancias e influencias políticas y que su trabajo es combatir la corrupción, servir a la moral y a los intereses del país, con independencia y responsabilidad.