Que sobre el gobierno que cesó en sus funciones el 11 de febrero del presente año, han recaído múltiples denuncias de manejos desordenados e irresponsables de las entidades, bienes y recursos del sector público;

Que es obligación del Presidente de la República en conjunción con el Presidente del H. Congreso Nacional, coadyuvar con los Organismos de Fiscalización y Control establecidos en la Constitución Política de la República, para el esclarecimiento de los actos de corrupción cometidos y denunciados en el anterior gobierno y los que se denunciaren en el presente;

Que para el propósito mencionado es necesario integrar una Comisión Especial en la que estén representados diversos sectores sociales que integran el País, y;

En ejercicio de las atribuciones contempladas en el literal g). Art. 11 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.

Art. 1.- Créase la COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN, que canalice la participación de la sociedad civil en los procesos de denuncia, investigación y vigilancia contra la corrupción.

Los resultados de su trabajo serán entregados a la Función Legislativa y Judicial, así como a los Organismos de Control, de acuerdo con las normas legales vigentes.

Art. 2.- Desígnase como Miembros de la COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN, a los siguientes ciudadanos:

Miembros designados por iniciativa del Presidente de la República:
Dr. Ramiro Larrea Santos
Dr. Medardo Mora Solórzano
Dra. Myriam Garcés Dávila
Ing. Roberto Aspiazu Estrada
Dr. Enrique Galarza Alarcón

Miembros designados por iniciativa del Presidente del H. Congreso Nacional:
Dr. Simón Espinoza Cordero
Dr. Xavier Zabala Egas; y,
Dr. Marcelo Merlo Jaramillo

Art. 3.- La COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN expedirá las normas internas que regulen su funcionamiento y establezcan los mecanismos para el cumplimiento de sus objetivos, de acuerdo con la Constitución y las Leyes de la República.

Art. 4.- Los Ministros de Estado y demás funcionarios del Ejecutivo, deberán prestar obligatoriamente a la COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN toda la información y las facilidades que les fueren requeridas para la investigación y vigilancia correspondientes, de conformidad con las normas legales vigentes.

El presente Decreto regirá desde la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en Quito, a 4 de marzo de 1997