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Marco histórico | La Institución | Las Comisiones | Actividades | ||||
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Primera
Comisión |
Segunda
Comisión |
Tercera
Comisión |
| Primera Comisión |
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 PRIMERA FILA: Dra. Miryam Garcés, Dr. Marcelo Merlo J., Dr. Ramiro Larrea S. (Presidente), Ing. Roberto Aspiazu E., Dr. Medardo Mora. SEGUNDA FILA: Dr. Enrique Galarza A., Ec. Pedro Votruba S., (Director Ejecutivo), Dr. Xavier Zavala E. y Dr. Simón Espinosa C. |
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1. LA CORRUPCIÓN EN EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE ABDALÁ BUCARAM 1.1. La Red Peñaranda |
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La "Red Peñaranda", así se
conoció al caso que investigó la Comisión Anticorrupción,
actual Comisión de Control Cívico de la Corrupción,
en 1997, logrando que el Congreso Nacional destituyera a 17 diputados.
La Corte Suprema de Justicia inició un proceso y dictó
prisión preventiva en contra de 17 diputados, de los cuales
13 fugaron. Quien lideraba la Red era el hermano del ex Presidente
de la República Abdalá Bucaram, Santiago Bucaram,
quien huyó a Panamá. En la actualidad, Luis Peñaranda
fue deportado de Estados Unidos y se encuentra detenido en el ex
Penal García Moreno para ser juzgado por la justicia ecuatoriana.
De la cuenta 8110 que correspondía a "Inversiones y aportaciones especiales del Estado" de la Presidencia de la República se asignaban recursos a los diputados vinculados a la red para que entregaran supuestamente materiales educativos a las escuelas fiscales y municipales de las provincias de donde eran originarios los diputados. La Red Peñaranda se montó con el fin de generar enriquecimiento ilícito para unos pocos. El intermediario para gestionar las partidas, comprar los materiales y entregar los bienes era la organización de Luis Eduardo Peñaranda, en la que se creó una serie de empresas fantasmas con 10 cuentas corrientes en diversos bancos de Quito. La Comisión dio con esta red de corrupción, porque los afectados denunciaron a un diputado las irregularidades que se cometieron perjudicando a varias escuelas del país. Recibida la denuncia, la Comisión incautó el disco duro de la computadora central de la empresa e inició la investigación. Concluida esta envió al presidente de la Corte Suprema de Justicia y al Congreso Nacional los resultados de su trabajo que reveló presunciones de manejo ilícito de la partida 8110 de la Presidencia de la República. Entre los presuntos beneficiados de los cheques girados por Peñaranda entre enero y julio de 1996 estaban 10 diputados, y 15 diputados en los girados entre agosto del 96 y enero del 97. La Comisión no tuvo acceso a otros discos duros incautados por la Policía. |
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1.2. Enriquecimiento ilícito y evasión a la renta. |
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Otro caso de corrupción que detectó la Comisión Anticorrupción a los pocos meses de creada fue el enriquecimiento ilícito y evasión a la renta por parte del ex Presidente Abdalá Bucaram. En mayo de 1996, Abdalá Bucaram declaró a la revista "Vistazo" que su fortuna ascendía a dos millones de dólares, que era dueño del 7% de las acciones de su residencia en Guayaquil, que era copropietario de dos edificios en el centro de la ciudad y poseía una casa en Salinas. Más tarde informó al periodista Jaime Baley del canal 55 de Miami que su fortuna oscilaba entre dos y tres millones de dólares y que su familia era pionera de la industria del acero en el Ecuador. La Comisión confrontó estas declaraciones con documentos oficiales y concluyó que Bucaram no rindió declaración juramentada de sus bienes antes de posesionarse como Primer Mandatario, y que no había concordancia entre su fortuna de dos a tres millones de dólares y lo pagado al Ministerio de Finanzas por impuesto a la renta en los últimos 10 años. Abdalá Bucaram dijo a "Vistazo" que había
pagado 60 millones de sucres de impuesto a la renta en 1995: pero
en realidad al cierre de la edición de la revista, todavía
no había cumplido con esa obligación. Días
después pagó el impuesto de 1995, pero no los 60 millones
anunciados sino 600 veces menos. |
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1.3. IRREGULARIDADES EN LAS ADUANAS 1.3.1. Los modos de defraudar al Fisco |
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Otro caso de corrupción que detectó la Comisión Anticorrupción a los pocos meses de creada fue el enriquecimiento ilícito y evasión a la renta por parte del ex Presidente Abdalá Bucaram. El problema aduanero en el Ecuador tiene diversas formas de corrupción. Entre ellos se encuentran el contrabando a gran escala, la evasión fiscal en montos elevados, la subfacturación, las falsas declaraciones respecto al tipo y características del producto importado, la cantidad y la calidad; los sistemas conocidos con el nombre de túneles o aduanas paralelas, la actual exención que a veces encumbre importaciones dolosas por parte de algunas fundaciones, el establecimiento de importantes grupos con poder económico y político que ejercen su influencia en el sistema aduanero, los deficientes procedimientos de control y los grupos delictivos que operan al interior del esquema aduanero, la capacidad de influencia, decisión y discrecionalidad de los funcionarios del servicio aduanero, la falsificación de documentos de importación, especialmente certificados de inspección emitidos en origen por las empresas verificadoras, entre otros. La Comisión recibió múltiples y variadas denuncias sobre actos de corrupción aduanera en el país, por lo que mantuvo contacto directo con las autoridades judiciales y con el ministro de Finanzas, para que dieran trámites a las denuncias enviadas y para que sancionaran a los funcionarios que tienen como forma de vida las prácticas de evasión fiscal detectadas en Aduana, respectivamente. La Comisión Anticorrupción realizó varios
pronunciamientos relacionados con el manejo de la publicidad para
los procesos electorales por parte del Tribunal Supremo Electoral
(TSE) y algunas imprecisiones relacionadas con esos eventos. Esta actitud del TSE demostró una vez más, que las represalias en el país están al orden del día, razón por la que el máximo organismo rector del sufragio actuó en este caso con impresionante rapidez para decidir la suerte de un hombre "íntegro e intachable" como lo mencionaron los diferentes sectores de la sociedad civil, a través de su respaldo irrestricto e incondicional a la labor imparcial y transparente de la Comisión. La Comisión Anticorrupción reconoció la posición apegada a la Ley del Juzgado Décimo de lo Civil que aceptó el recurso de Amparo Constitucional, el mismo que fue ratificado, en última instancia, por el Tribunal Constitucional. Esta posición fue aplaudida por el pueblo ecuatoriano ya que se le restituyeron los derechos de ciudadanía al titular de la C.C.C.C. 2.1. Publicidad para consulta popular Dentro de la línea de investigar los casos del manejo de publicidad por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Comisión investigó el manejo irregular en la difusión de la campaña de la Consulta Popular que convocó el entonces Presidente de la República Fabián Alarcón para el 25 de mayo de 1997. La Comisión solicitó al TSE la información con base en la que adjudicó el contrato de promoción publicitaria de la Consulta Popular y otros elementos porque consideró que el presupuesto de 8 mil millones de sucres era extraño, por decirlo menos, si se comparaba con presupuestos similares de publicidad. Por ello, requirió a la Contraloría y a la Procuraduría Generales del Estado realicen control, informes y análisis especial a ese caso antes de la suscripción del contrato, el mismo que ya se había adjudicado. Otro punto neurálgico de los gobiernos de turno es el área energética, sector donde se manejan grandes recursos del país. Así dentro del gobierno del Abg. Bucaram se observó una serie de irregularidades. Un caso específico es: 3.1. Contrato adjudicado a Petromat con falta de transparencia La Comisión conoció el informe final de auditoría de Petroecuador con relación al contrato suscrito entre Petroproducción y la compañía Petromat para el mantenimiento de 500 vehículos en el distrito amazónico. En el informe se establecieron responsabilidades tanto administrativas como civiles contra el ex-Presidente Ejecutivo de Petroecuador y otros ex-miembros del directorio de Petroproducción. En el documento se destacó que la adjudicación del contrato se realizó el 17 de septiembre de 1996 cuando recién se lo firmó el 29 de diciembre /96; no obstante, que el plazo para ello era de apenas 20 días. Este hecho confirmó que Petromat no disponía de los recursos materiales y humanos para ejecutar el trabajo conforme estaba previsto en las bases del concurso de ofertas. Además, llamó la atención que a pesar de que la Comisión de Adjudicaciones de Petroproducción recomendó la adjudicación a la oferta más baja perteneciente a la compañía Constrazul por 9.881 millones de sucres, se adjudicó la obra a Petromat, cuya oferta era superior en 173 millones de sucres. Debido a los indicios de falta de transparencia en la adjudicación de este contrato, la Comisión Anticorrupción recomendó a las autoridades de Petroecuador la rescisión de dicho contrato, por lo que se realizó una nueva convocatoria a un nuevo concurso de ofertas. Las series de anomalías ocurridas en esta contratación hicieron presumir que podría configurarse la figura de peculado (impropio) al beneficiar a un tercero con cargo a recursos del Estado. En tal sentido, la Comisión trasladó toda la documentación investigativa a la Fiscalía General de la Nación. 3.2. Millonario perjuicio al Estado por falta de ejecución de proyecto para almacenar el gas en tierra Los estudios del proyecto de almacenamiento de gas en tierra se iniciaron en 1988. Dichos estudios señalaron su factibilidad, financiamiento, rentabilidad y su ejecución en 18 meses. Luego del análisis respectivo por parte del Directorio de Petroecuador, del Ministerio de Energía y de otros organismos competentes, el 18 de octubre de 1991 se invitó a un primer concurso internacional para la ejecución de este proyecto que fue declarado desierto el 30 de abril de 1992, sin razones justificadas. Durante cinco años Petroecuador continuó revisando los estudios, es así que el 7 de mayo de 1996 se convocó a un segundo concurso, que nuevamente fue declarado desierto el 11 de diciembre de 1996. En esta ocasión ni siquiera se abrieron los sobres de las ofertas de las compañías participantes. El valor estimado del proyecto era de 45 millones de dólares. Según Petroecuador, la oferta más alta presentada en 1992 fue de 32 millones de dólares. Si consideramos solamente el valor pagado durante los años 1995, 1996 y 1997 a la única empresa que suministra GLP en el Ecuador (FURNESS WITHE) desde hace más de diez años, ya se habría pagado el proyecto, porque el monto ascendía a 93 millones de dólares, en 1997. Al haber construido el almacenamiento de gas en tierra se habría logrado, además de la disminución de costos para los usuarios, la apertura para la competencia de ofertas en el suministro de gas licuado de petróleo, evitando así el monopolio de una sola compañía en el país. La Comisión exhortó a las autoridades de Petroecuador que actualizaran los estudios del proyecto y dispusieran la ejecución inmediata. La Comisión también solicitó a las autoridades que informen al país sobre los responsables para que se hayan suspendido los procesos de contratación y sus beneficiarios. Finalmente, Petroecuador decidió licitar la construcción de los terminales de gas en tierra, lo que permitirá al gobierno ecuatoriano un considerable ahorro. Hasta la actualidad no se ha ejecutado la construcción de dicha obra. 3.3. Contrato Ecuapower ocasionó perjuicio económico al país Otro caso en el sector financiero, es el perjuicio que ocasionó la empresa Ecuapower. La Comisión luego de un minucioso análisis del contrato suscrito entre Inecel y Ecuapower, el 24 de enero de 1997, concluyó que éste es perjudicial a los intereses del Estado. Esta posición se basó en el estudio comparativo de contratos semejantes. De acuerdo a extensos estudios independientes realizados tanto por el Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral (CRIEEL) y de Pichincha (CIEEPI) indicaron que el contrato firmado en enero /97, por tres años, es significativamente más costoso que aquel elaborado en agosto /96. El CRIEEL estableció una pauta entre el contrato de Seacost (antigua Ecuapower) de noviembre/95 y los otros citados de agosto/96 y enero/97, calculando el consolidado del kilovatio hora (kw-h) en 10.26; 8.49; y, 12.75 centavos de dólar, respectivamente, de ahí se desprende una notable diferencia del 50.18% entre estos dos últimos en particular. Eso confirmó el desacierto cometido en el Ministerio de Energía y Minas y la administración de INECEL del régimen de Bucaram, que postergaron negligentemente la firma de un contrato que a la postre resultó oneroso, y que de haber sido suscrito a tiempo pudo paliar los rigores de la crisis energética, iniciada en noviembre /96, que supuso una pérdida para el aparato productivo estimada en 50 millones de dólares mensuales (una cifra cercana a los 63 millones que vale el cuestionado contrato a tres años plazo). 4. DESVÍO DE RECURSOS EN LOS MUNICIPIOS La Comisión recibió 25 denuncias sobre actos de corrupción en los Gobiernos Seccionales, lo que evidenció que estos hechos no son aislados, sino un problema de singulares magnitudes. La Comisión en estos casos se dirigió al Contralor General del Estado haciéndole notar que las denuncias que se producen contra alcaldes y prefectos del país, por la serie de irregularidades e inmoralidades que ocurren en el régimen seccional, ameritan profundas auditorías y exámenes especiales. Entre las entidades seccionales en las que se determinaron una serie de irregularidades están: Los resultados de la investigación en el Consejo Provincial de Los Ríos, ubicada en la Región Costa, se refieren a desaparición de cheques, alteración del sistema electrónico del pontazgo en el viaducto Babahoyo-Barreiro, depósitos de cheques en la cuenta personal del hermano del entonces Prefecto Oscar Llerena, adquisición de una asfaltadora sin licitación, subdivisión de contratos para evitar la licitación y malversación de fondos para la construcción de dos salas mortuorias particulares para la velación de difuntos. En el caso del Municipio del cantón Playas, ubicado en la Provincia del Guayas, Costa del Pacífico, se determinó que se cometieron algunos hechos irregulares, los mismos que se repetían con frecuencia, razón por la que la Comisión denunció esos actos ante los organismos de control correspondientes, para que tomen las acciones dentro del campo de su competencia. Entre las irregularidades está la venta de terrenos por parte del entonces Alcalde Gabino de la A Escalante, quien vendió terrenos del Municipio de manera ilegal a las compañías Atrionsa S.A., Banprodimco S.A., Kadrita S.A., Katamisi S.A. y Aprodimcorp S.A. En el cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, Costa del Pacífico, el ex alcalde Simón Bolívar Caicedo Caicedo cometió una serie de hechos delictivos que se resumen en la utilización de maquinaria oficial para construir guardarrayas en fincas particulares, duplicación de contratos para la misma obra, cheques sin fondos y protestados por 800 millones de sucres, préstamos ilegales, 500 pipones (personas que no trabajan, pero perciben sueldo) que recibirían 3 mil millones de sucres por obras inexistentes. En el Municipio del cantón Bolívar, provincia del Carchi, frontera con Colombia, se evaluaron las pruebas existentes y se concluyó que se cometieron importantes indicios de corrupción cometidos por el entonces Alcalde de Bolívar Fabián Ramírez Grijalva y algunos de sus colaboradores. Gracias al pronunciamiento de la Comisión Anticorrupción el Alcalde fue destituido de su cargo. Las pruebas se remitieron al Ministerio Fiscal para que sancione los presuntos delitos de cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito. Entre las ilegalidades están la duplicación de los montos de contratos, la utilización de materiales de construcción en su casa particular, la alteración de horómetros, la utilización de vehículos por parte de familiares, los cobros de multas a mayores de 70 años por no asistir a minga, entre otros. 5. TRASVASE POZA HONDA - LA ESPERANZA La Comisión Anticorrupción investigó la denuncia del entonces diputado Emilio Rupertti relacionada con la precalificación de empresas constructoras para los trasvases Esperanza - Poza Honda y Poza Honda - Mancha Grande, por lo que pidió un pronunciamiento al Directorio del Centreo de Rehabilitación de Manabí (CRM) en ese momento, sobre este caso en el que, se descalificaron, por cuestiones formales, a 6 de las 9 empresas participantes. La Comisión pidió a la Procuraduría y a la Contraloría Generales del Estado que revisen detenidamente que la adjudicación se la realizara con transparencia. Además, insistió ante el CRM sobre la precalificación de las empresas y le pidió revisar el proceso, así como que se pronuncien públicamente de que el proceso se lo llevaría adelante con transparencia, considerando que es una contratación pública para una obra importante. La Comisión Anticorrupción enfatizó su preocupación al conocer que el organismo oficial del Japón, Overseas Economic Fund (OECF), que era el organismo que concedería el crédito, alrededor de 117 millones de dólares, estuvo inconforme con el proceso de precalificación en el que se descalificó a seis importantes consorcios que en su oportunidad hicieron públicas sus protestas. La Comisión realizó varias acciones ante la Presidencia de la República, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Cancillería, con el fin de evitar que se firmara el contrato para la construcción de la obra con la compañía brasileña Norberto Odebrech, ya que tendrá un costo superior al planificado con la empresa japonesa OEFC. A pesar de que el Presidente de la República, en su oportunidad, se reunió con funcionarios de la Contraloría, de la Procuraduría, del Directorio del CRM, de la Cancillería y de la Comisión Anticorrupción en busca de una solución definitiva al problema, no se dio en vista de que como el CRM es un órgano autónomo decidió contratar la construcción de la obra con la compañía Odebrech. La Comisión solicitó al Primer Mandatario y al Ministro de Finanzas que el Estado no garantizara créditos externos inconvenientes, si se consideraba que existían mejores alternativas, en vista que de acuerdo con la Constitución y las Leyes tanto el Presidente como el Ministro de Finanzas están obligados a preservar los recursos del Estado y a exigir el cumplimiento de los contratos legalmente celebrados. La Comisión insistió en la necesidad de precautelar los más altos intereses del Estado en la obtención de los recursos que financien las obras públicas, ya que el servicio y amortización de los créditos paga todo el pueblo a través del Presupuesto General del Estado y en el caso del CRM resultó inadmisible desaprovechar un financiamiento de condiciones excepcionales como el préstamo japonés. Pese a todas las observaciones que realizó la Comisión Anticorrupción la obra la ejecuta la empresa brasileña Odebrech, pues el préstamo japonés quedó a un lado. 6. COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL GUAYAS Frente a denuncias públicas relacionadas con casos de corrupción en la Comisión de Tránsito del Guayas, en las que habría estado vinculado Franklin Verduga, hermano del entonces Ministro de Gobierno del régimen del Dr. Fabián Alarcón, César Verduga, la Comisión Anticorrupción investigó el caso, escuchando a las dos partes. Entre los actos ilegales, consta la designación del Presidente Alterno de la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG), quien fue nombrado mediante Acuerdo Ministerial por el Subsecretario de Gobierno, sin esperar el nombramiento y posesión del Gobernador del Guayas de quien era su delegado personal. El presidente alterno de la CTG se posesionó ante el entonces diputado Franklin Verduga Vélez, en virtud de presidir una Comisión Especial del Congreso Nacional, supuestamente delegado por el Subsecretario de Gobierno conforme un facsímil recibido con fecha 17 de junio de 1997, no siendo el diputado Verduga la autoridad nominadora. En el acta de posesión constó la presencia innecesaria del Franklin Verduga Vélez, así como su alocución en el seno de esta reunión, con lo que se pudo determinar un abuso de poder político directo y manifiesto, porque de otra manera no se pudo explicar que el doctor Verduga justificara su presencia en dicha sesión exponiendo su parentesco consanguíneo con el entonces Ministro de Gobierno. La conclusión fue más clara, ya que en apenas una hora de sesión se nombraron trece funcionarios entre civiles y uniformados y se posesionaron inmediatamente porque en forma casual se encontraban en la entidad. El abuso de poder político del ex diputado Verduga se manifestó también con el uso indiscriminado de los recursos humanos y materiales de la Comisión de Tránsito del Guayas, hecho que para la Comisión Anticorrupción fue plenamente demostrado, así como con el nombramiento de su hijo como Asesor de la Presidencia de la CTG. Con relación al tema de la garita # 3 del Terminal Terrestre (cobro de coimas en una garita de control), las versiones coherentes y concordantes de los vigilantes y oficiales que denunciaron e investigaron tales actos de corrupción, así como los documentos a los que la Comisión Anticorrupción accedió demostraron con certeza de que tal ubicación en el Terminal Terrestre era una fuente de corrupción y de exacciones delictivas, cuyo monto diario era de 4 millones de sucres aproximadamente, en dos turnos. Estos recursos estaban destinados a varias personas. La Comisión Anticorrupción sugirió una reorganización completa de todos los niveles que conforman la Comisión de Tránsito del Guayas, así como la iniciación de un proceso de reformas legales y reglamentarias con el fin de impedir el ejercicio de influencias políticas en sus específicas actividades, buscando la profesionalización en sus recursos humanos. Este pedido fue acogido por las autoridades competentes. El entonces diputado Verduga presentó su renuncia al Congreso Nacional, el mismo que con base en el informe de la Comisión de Fiscalización resolvió aceptarle la renuncia, a pesar de que existieron mociones para que sea destituido de la representación ciudadana. 7. GRAVES ATENTADOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE 7.1. Atentado contra medio ambiente en Machala La Comisión tramitó la denuncia presentada por importantes ONG's y organizaciones defensoras de derechos humanos de la provincia de El Oro, propietarios de laboratorios de larvas de camarón, Asociación de Cultivadores de Especies Viacuáticas del Sur, Fundación de Desarrollo Social y Comunidades Cristianas, respecto a las incomprensibles decisiones del Municipio de Machala, ubicado en la Costa Pacífico. El Municipio de Machala decidió cambiar el proyecto de evacuación de aguas servidas generando un nuevo sistema con múltiples lagunas de oxidación alrededor de la ciudad que contaminarían todo el Archipiélago de Jambelí, creándose un foco de infección que pone en peligro la salud de la población y las actividades camaroneras de la zona. A estas denuncias se suma la queja del Congreso Nacional a través del Presidente de la Comisión de Medio Ambiente que pidió la intervención de la Comisión Anticorrupción sobre tan trascendental asunto. Frente a estos hechos y luego de la investigación de los antecedentes técnicos del sistema de evacuación de aguas servidas, la Comisión consideró que el Plan Regulador de Desarrollo Urbano de octubre 1986, que determinó que las pozas de oxidación debían ubicarse a 8 kilómetros de la ciudad para que sus aguas una vez tratadas sean vertidas al río Jubones, cerca de la desembocadura del océano Pacífico, para que el flujo y reflujo de las mareas completen el proceso de regeneración. Esta era la mejor alternativa, pero no se la aplicó. La Comisión Anticorrupción como representante de la ciudadana pidió la enérgica intervención del Ministerio del Medio Ambiente en consideración de que la esencia de la C.C.C.C. es impedir que por actos de corrupción o intereses mezquinos se atente contra el ecosistema y la vida de los ecuatorianos. 8. IRREGULARIDADES EN CONCESIÓN DE FRECUENCIAS 8.1. Entrega indiscriminada de frecuencias para radios y televisión La Comisión Anticorrupción investigó sobre la forma cómo la Superintendencia de Telecomunicaciones manejó el régimen de concesiones de frecuencias de radio y televisión, renovación, cambios de frecuencias y modificaciones contractuales; así como el traspaso y el traslado de estaciones que no funcionan. En las investigaciones que iniciaron las autoridades de la Superintendencia de Telecomunicaciones y del Consejo Nacional de Radio y Televisión (Conartel) se detectó que los problemas surgieron desde la creación de la Superintendencia de Telecomunicaciones a inicios del Gobierno del Arq. Sixto Durán Ballén y tiene dos etapas de diferente connotación jurídica. La primera desde agosto de 1992 hasta mayo de 1995 y la segunda desde dicho mes en que se dictó la Ley Reformatoria a la Ley de Radio Difusión y Televisión hasta septiembre de 1997. En el segundo período la Comisión Anticorrupción consideró que existieron hechos que ameritaron una profunda investigación como: Que a partir del 9 de mayo de 1995 el único organismo del Estado competente para autorizar la concesión de frecuencias de radiodifusoras y televisión es el Consejo Nacional de Radio y Televisión; sin embargo, acogiéndose a un régimen de excepción que permitía cambiar de frecuencia en la banda F.M. sólo por motivos técnicos y sin que se dieran aquellos, se suscribieron 108 contratos para el servicio de radio difusión en F.M. Por esas razones, la Comisión Anticorrupción consideró que también debió analizarse dentro del primer período (10 de Agosto 1992 hasta el 9 de mayo de 1995) cómo se cumplieron las disposiciones técnicas para los servicios de radiodifusión y televisión cuando regía a plenitud para este sector la Ley Especial de Telecomunicaciones. Al haberse suscrito 236 contratos, algunos de los cuales no están precedidos ni siquiera de solicitudes y más del 90% sin estudios ni informes técnicos, implicaría que se violaron normas legales y reglamentarias provocando presunciones de tráfico de influencias y testaferrismo con el propósito de favorecer a determinadas personas naturales o jurídicas, que con un régimen de tarifas expedido hace varias décadas han pagado valores insignificantes frente al valor comercial en que se cotizan las transferencias y traspasos de tales frecuencias. La Comisión Anticorrupción consideró fundamental investigar los efectos económicos y técnicos que la amplitud de concesiones otorgadas, generaría en perjuicio del espectro radio eléctrico que es un recurso natural del patrimonio nacional, pues la firma de los 236 contratos por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones, cuando el organismo autorizado es el Conartel significó, según criterios técnicos preliminares, la autorización ilegal de 1.219 canales o frecuencias sin contar con las frecuencias auxiliares de enlace y servicios fijos y móviles también concedidos por la Superintendencia. La Comisión demandó de la Superintendencia de Telecomunicaciones que emprendiera una investigación al uso efectivo del espectro radioeléctrico por parte de los concesionarios de frecuencias de radio y televisión a fin de impedir que su congestión cause perjuicios a las transmisiones en el país, pues se da el absurdo que la Radio Nacional de Estado, que debe considerársela como la más importante del país para efecto de nitidez de su frecuencia, tiene interferencias en varios lugares del país. Además, solicitó que, en aplicación de lo dispuesto por la Ley, se reviertan al Estado todas las frecuencias concedidas cuyos propietarios no hayan instalados sus equipos un año después de las concesiones. También demandó del Gobierno la reglamentación y actualización de las tarifas, pues era absurdo que estuviera vigente un pliego expedido hace más de 40 años, con pagos irrisorios lo que genera una especulación sin límites en el manejo del sistema y causa perjuicios imponderables al Estado ecuatoriano, pues los cánones mensuales para radio y televisión oscilan entre 50 y 300 sucres (un centavo de dólar) y las concesiones apenas alcanzan a un salario mínimo vital (cuatro dólares), mientras que en el mercado su comercialización se cotiza entre un mil y dos mil veces más. Acogiendo este pedido, el Presidente de la República aceptó la propuesta del titular del Conartel de aprobar nuevas tarifas para la concesión de frecuencias de radiodifusión en la que se contempla el aumento de $ 100.000 a $ a 13'155.000, (4 a 526.2 dólares) y un incremento de $ 100.000 a $ 26'311.000 (4 a 1052.44 dólares) para la televisión abierta. En iguales proporciones se deberán incrementar las tarifas para las concesiones de televisión por cable, televisión codificada, enlaces de radio y televisión, sistemas fijos y móviles, terrestres y por satélite e inclusive de venta de música. Por todos los hechos anteriores, la Comisión Anticorrupción pidió al entonces Fiscal General de la Nación, doctor Roberto Gómez, que iniciara un juicio penal en contra del ex-superintendente de Telecomunicaciones, Adolfo Loza Argüello, por presunto enriquecimiento ilícito. De acuerdo con los documentos investigados por la Comisión y que fueron entregados a la Fiscalía se estableció que existe un incremento injustificado en el patrimonio del señor Loza Argüello, durante el ejercicio de su función pública. En el documento que envió la Comisión a la Fiscalía General, expresó su inquietud ante varias adquisiciones de Loza a escasos 7 meses del inicio de su gestión como Superintendente de Telecomunicaciones. Por ejemplo, adquirió un edificio de tres plantas de más de 1000 metros cuadrados de construcción, en un sector residencial al norte de Quito, cuyo valor comercial supera inmensamente sus ingresos regulares, según se desprende de los certificados de la Superintendencia de Telecomunicaciones y de la Dirección de Rentas. La Comisión Anticorrupción informó que la Superintendencia de Telecomunicaciones y el Conartel iniciaron el trámite de reversión de 134 frecuencias de radio, 26 de televisión abierta y 293 de televisión codificada. Adicionalmente, el Directorio del Conartel solicitó una declaración juramentada a los concesionarios respecto a la veracidad de los datos que constan en la documentación de apoyo al trámite de una frecuencia. Este es un paso indispensable para efectos de poder determinar posibles testaferrismos. 9. PIPONAZGO EN EL CONGRESO NACIONAL La Comisión Anticorrupción enfrentó serios inconvenientes con el Ejecutivo por haber investigado y tramitado la denuncia de la economista Cecilia Calderón relacionada con exceso de personal y asesores en el Congreso Nacional, durante la última presidencia del doctor Fabián Alarcón Rivera –ex presidente interino del Ecuador- hasta el punto de que se cuestionó la legalidad de este organismo que se debe al pueblo ecuatoriano y no a los gobiernos de turnos. La Comisión, dentro de las investigaciones, solicitó al Congreso Nacional que certificara la calidad de asesores y empleados, así como su remuneración y tiempo de servicio del listado proporcionado por la economista Calderón. El titular del Congreso en ese momento, doctor Heinz Moeller, dispuso la inmediata atención a nuestro pedido. La Comisión también requirió los resultados del informe de Auditoría Interna del Congreso, así como la presencia del director de Auditoría Interna del Congreso Nacional, doctor Gustavo Chimbo. La Comisión conoció las disposiciones del Contralor General del Estado para que se realice una auditoría especial en el Congreso Nacional a partir del 10 de agosto de 1994 hasta el 31 de agosto de 1997 y luego de recibir en comisión general al Auditor General del Congreso, consideró que las auditorías que se realizaron al interior del Parlamento no llegaron a conclusiones definitivas en virtud de que se han dado varias órdenes de alcance para ampliar los plazos del período a investigarse. La Comisión Anticorrupción conoció con preocupación que las normas jurídicas y reglamentarias que rigen la contratación de personal en el Congreso Nacional son demasiado generosas en cuanto permiten una liberalidad que no se compadece con la alta responsabilidad de los representantes del pueblo. El artículo 21 del Reglamento Interno de las Comisiones Legislativas faculta a cada miembro de la comisión, informar al respectivo Presidente el horario de trabajo de sus respectivos asesores y asistentes. La Comisión de Mesa, el 16 de agosto de 1994, otorgó cupos a legisladores, bloques legislativos, comisiones legislativas, comisión de asuntos judiciales, comisión de mesa, comisión de excusas y calificaciones y comisiones especiales permanentes. Esto determinó que el personal flotante del Congreso, integrado por asesores, personal de servicios, etc., crezca permanentemente manteniéndose en un nivel que bordea entre 950 y 1150. Este organismo lamentó que las Direcciones Administrativa, Financiera y de Recursos Humanos del Congreso Nacional no controlen a los empleados de la Función Legislativa porque el artículo 6 del Reglamento Interno de Control de Asistencia, Puntualidad y Permanencia del Personal de la Función Legislativa dispone que "los legisladores, directores, jefes departamentales; y secretarios de las comisiones son los responsables del control de asistencia, puntualidad y permanencia en sus respectivas dependencias de aquellos servidores que no registran la tarjeta de control en la Dirección de Recursos Humanos". La Comisión, en su momento, se solidarizó con la denuncia pública del Contralor General del Estado, doctor Benjamín Terán Varea, respecto al incumplimiento del Congreso Nacional en el requerimiento de que el Congreso le proporcionara el listado certificado del personal contratado por el Parlamento, única forma para determinarse la responsabilidad que los legisladores en la asignación de asesores que los requirieron con cargo al Presupuesto del Congreso Nacional. La Comisión dejó constancia de que tratándose de fondos públicos la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control no excluyen a funcionario alguno de su responsabilidad en el manejo de tales recursos sea que se los utilice en adquisiciones, equipamientos y construcciones o que se gasten en consultorías y servicios personales de cualquier naturaleza. Por tal motivo, la Comisión presentó entre sus propuestas de reformas constitucionales que se exija en todas las entidades y dependencias del Estado un proceso de selección del personal a contratarse o designarse de acuerdo con las normas internas y que la violación de tales procedimientos dé lugar a la nulidad de los contratos con las obvias responsabilidades civiles de los funcionarios que quebranten este principio. Se comprobó ingreso de personal exagerado en el Congreso Nacional Las investigaciones estuvieron dirigidas a comprobar lo siguiente: Si existían diferencias entre lo aprobado por la Comisión de Mesa del H. Congreso Nacional en sesión del 16 de agosto de 1994 y lo efectivamente contratado por servicios personales ocasionales, en los períodos legislativos comprendidos entre el 10 de agosto de 1995 y el 28 de febrero de 1997. Creación de unidades temporales y de funciones innecesarias para justificar las contrataciones ocasionales de personal. Condición de los contratados para cumplir funciones y asumir responsabilidades en el Congreso Nacional. Controles de asistencia y de presentación de informes de los contratados. Situación actual con la reglamentación vigente para la contratación de personal ocasional. Resultados del examen especial realizado por la Contraloría General del Estado a la contratación del personal en el Congreso Nacional. Los resultados de las investigaciones fueron las siguientes: El número de contratos excedió el autorizado por la Comisión de Mesa en 2.089, mientras que el monto pagado excedió en 32.289'438.949 sucres. Las disposiciones legales que regulan estas contrataciones, permitieron excesos y abusos en contra de la ética, la moral y la honradez. Se crearon unidades administrativas y funciones para el personal contratado, temporales e innecesarias, sin que puedan demostrar los resultados y productos obtenidos con su trabajo o gestión. No existe constancia alguna de que se realizó una selección de personal idóneo que cumpla los requisitos académicos y cuente con la experiencia indispensable para la función asignada. La reglamentación vigente, en lugar de disminuir el número de contratados los incrementa y posibilita la aplicación de criterios personales para las contrataciones. No son comprensibles las exclusiones en el informe definitivo de partes importantes que constan en el borrador del mismo, a cargo de los funcionarios de la Contraloría que intervinieron en su revisión, por lo que se presume el intento de encubrimiento. Respecto a este caso, el Pleno de la Comisión Anticorrupción resolvió: Remitir las pruebas obtenidas al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, para que las considere e incorpore al proceso que sobre este caso se encuentra en su conocimiento. Solicitó al Presidente del Congreso Nacional, la reconsideración del Reglamento para la contratación del personal legislativo ocasional, por lesivo a los intereses económicos del país y a la imagen de la propia institución. Luchando contra la corrupción A propósito de este caso, el entonces Presidente Interino Fabián Alarcón, acudió al seno de la Comisión para desvirtuar las acusaciones en su contra, pues las contrataciones se efectuaron mientras él fue presidente del Congreso. Un duro momento vivió la Comisión en esa época ante las amenazas del Ejecutivo de suspender la vigencia de este organismo de control, pues, hasta esa fecha, no estaba legalmente institucionalizado. La Comisión emitió un comunicado al respecto, el mismo que decía: Al tomar el gobierno la decisión política de luchar contra la corrupción y crear esta Comisión, los comisionados aceptamos este desafío cívico en actitud leal al espíritu que caracterizó las jornadas de febrero de 1997. Fue evidente que esa decisión oficial resultó aparente cuando se trata de investigar actos y conductas que pudieran afectar a personeros del presente régimen. "Las encuestas revelaron que la lucha contra la corrupción es la principal preocupación de la sociedad civil. Cuando el Presidente de la República (Fabián Alarcón) nos amenazó pública e inútilmente con eventuales acciones penales por cumplir con el deber cívico que el mismo nos encomendó, cuando la Contraloría General del Estado no coadyuvó con eficacia en la lucha contra la corrupción y cuando el Ministro de Gobierno trató de minimizarnos, es claro que no existirían las condiciones, ni la seguridad necesaria para cumplir con nuestro cometido conforme a las expectativas ciudadanas". La Comisión ratificó que al amparo de las leyes que regula la contratación de personal ocasional en el Congreso Nacional, se cometieron excesos que lesionan valores éticos con un costo económico y social de gran trascendencia. Tanto ha sido así que en los períodos comprendidos entre agosto 10 de 1995 y febrero 28 de 1997 se suscribieron dos mil ochenta y nueve contratos con un costo adicional de $ 32.289'438.949. Rechazó la supuesta lesión al derecho a la defensa del Dr. Fabián Alarcón Rivera por cuanto las investigaciones realizadas se refirieron objetivamente a hechos irregulares, públicamente denunciados, que se cometieron en el Congreso Nacional, sin que la Comisión haya personalizado y menos politizado la investigación. El informe de la Comisión se fundamentó principalmente en el análisis de los documentos públicos que constan en los archivos del Congreso Nacional, los cuales fueron enviados al Presidente de la Corte Suprema de Justicia para su análisis respectivo. Lamentó que el resultado obtenido no coincida con el informe de la Contraloría General del Estado. Las actuaciones de la Comisión Anticorrupción se sustentaron básicamente en las atribuciones precisadas en el Art. 2 literal a) del Decreto Ejecutivo 506 expedido por el propio Dr. Fabián Alarcón Rivera, que dice: " Recibir, conocer e investigar, de oficio o a petición de parte, las denuncias de corrupción que se presenten o que llegaren a su conocimiento por cualquier vía." El desconocimiento explícito y público del contenido de esta disposición por parte del Presidente de la República, y su inaceptable acusación de que la Comisión se arrogó funciones, implican un cuestionamiento a las actuaciones anteriores de la Comisión y afectaría gravemente el futuro ejercicio de sus tareas. Según la Comisión Anticorrupción, numerosas disposiciones del marco jurídico vigente en el país se prestan al cometimiento de actos de corrupción y por ello, permanentemente, las han cuestionado y exigido reformas legales urgentes. Por lo mismo, fue incomprensible que sin otro argumento el primer Mandatario se ampare en la permisividad de las leyes para justificar, también moralmente, diversas actuaciones y cuestionar el informe de la Comisión. Con este criterio sería igualmente aceptable que el personal ocasional del Congreso Nacional fuera de mil o cinco mil empleados, en un determinado período. Si bien es cierto que el "piponazgo" no es un concepto jurídico o una infracción expresamente tipificada, no es menos cierto que contratar, a sabiendas, personal que reside y trabaja en otros lugares del país, a petición de parientes, amigos y coidearios de los legisladores, amerita una investigación profunda por la sanidad moral del país y sus instituciones. Por todos los antecedentes expuestos, los miembros de la Comisión Anticorrupción reiteraron su definitiva adhesión a la verdad, a la honestidad y a la justicia. "Nuestro honor personal nos obligaría a renunciar ante las amenazas del Presidente de la República, más, nuestro compromiso con el país y el deber de luchar por un ideal superior de una sociedad identificada con la moral nos obliga a permanecer en nuestros puestos porque nos debemos al pueblo y no al gobierno. Exhortamos a la ciudadanía a cerrar filas en torno al rescate de los valores éticos y a la consolidación de la lucha contra la corrupción". 10. REEQUIPAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA NACIONAL La Comisión, luego de analizar la documentación enviada por la Asociación Ecuatoriana Automotriz del Interior (AEADI) con relación al concurso público para la renovación del parque automotor de la Policía Nacional, expresó su preocupación ante el hecho de que la institución policial acumule déficits en su equipamiento que dan lugar a situaciones extraordinarias en cuanto al monto de sus necesidades. La Comisión consideró que la inseguridad reinante en el país afecta la vida y la integridad de los ecuatorianos, por lo que resultó incomprensible que un proceso de adquisición que se inició con la declaración de estado de emergencia de la Policía Nacional, al amparo del artículo 101 de la Ley de Seguridad Nacional y de la invitación pública que se efectuó el viernes 22 de agosto de 1997, no culminó y que una vez más se reinició un proceso invitándose privadamente a las firmas automotrices para un nuevo concurso que se formalizará el 21 de enero de 1998. El acto administrativo por el cual se declaró desierto el concurso el 12 de diciembre de 1997, a criterio de la Asociación Ecuatoriana Automotriz del Interior confundió al sector ya que habiéndose desarrollado el proceso, siguiéndose los términos y procedimientos de la Ley de Contratación Pública, fue el Comité de Contrataciones del Ministerio de Gobierno y Policía el que en forma autónoma y directa debió resolver sobre las adjudicaciones en el concurso y no el Ministro de Gobierno. La Comisión consideró que esta dualidad en la aplicación e interpretación de la Ley afecta a la transparencia de los procedimientos y de las decisiones. En virtud de que en la documentación que remitió la AEADI aparecen notorias contradicciones en los argumentos jurídicos expuestos por las autoridades del Ministerio de Gobierno y la Asociación Ecuatoriana Automotriz del Interior, la Comisión Anticorrupción se dirigió al entonces Presidente de la República destacando que el Decreto Ejecutivo expedido por él, el 27 de junio de 1997 se fundamentó en la Ley de Seguridad Nacional y no en las excepciones previstas en el literal c) del Artículo 6 de la Ley de Contratación Pública, razón por la cual es el Comité de Contrataciones el que debió, en forma autónoma, seguir el proceso de acuerdo con la Ley. La Comisión Anticorrupción dejó constancia de la notoria diferencia de precios, de los oferentes que dentro del proceso iniciado el 22 de agosto de 1997, fueron calificados por el Comité de Calificaciones y fueron motivo de la evaluación final, declarada desierta el 12 de diciembre. Por lo mismo, la Comisión permaneció vigilante del nuevo concurso que se llevó a cabo, a fin de que las ofertas que, una vez más, se presentaran tuvieran coherencia con las anteriores, en salvaguardia de los altos intereses de país. 11. DESVÍO EN DONACIONES POR EL FENÓMENO DE EL NIÑO La Comisión Anticorrupción formuló conclusiones y recomendaciones luego de una preliminar investigación de las denuncias públicas sobre presuntas irregularidades en las donaciones que llegaron al país con el justificativo de atender los graves problemas que atraviesan los damnificados por los efectos del fenómeno de El Niño. Se pidió a las autoridades pertinentes toda la información sobre los procesos precontractuales que se realizaron en el desarrollo de los Programas de Prevención de Desastres y Atención de Emergencia de "El Fenómeno de El Niño", considerando que en forma extraordinaria dichos programas se financian con importantes recursos provenientes de la Corporación Andina de Fomento (25 millones de dólares), Banco Interamericano de Desarrollo (70 millones 800 mil dólares) y Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, (60 millones de dólares). Se advirtió que en la declaratoria de Emergencia Nacional, al amparo del artículo 101 de la Ley de Seguridad Nacional, de ninguna manera se faculta para la contratación sin concurso, ya que la falta de transparencia en las decisiones genera corrupción. Por lo mismo, consideró que es fundamental aplicar la Ley de Contratación Pública y Leyes Especiales para asegurar que los concursos públicos de todo tipo sean transparentes. Si excepcionalmente fuese necesaria una contratación directa, la máxima autoridad del Ministerio o los representantes legales de la entidad asumirán personalmente la responsabilidad de la celebración de tales contratos. Se solicitó al Congreso Nacional que reforme el artículo 120 de la Ley de Seguridad Nacional por el cual, en caso de emergencia, puede prescindirse de todo trámite aduanero a pedido de la Dirección Nacional de Defensa Civil " para la introducción o envío de artefactos, maquinaria, equipos, medicinas, ropa y más artículos donados para o con motivo de la emergencia o que ingresen temporalmente para tal fin". Esta norma puede dar lugar a toda suerte de abusos y abrir un nuevo túnel para el ingreso de contrabando al país. La Comisión dispuso es ese momento una investigación inmediata sobre el destino de la mercadería ingresada al país exonerada de impuesto bajo la figura de envíos de socorros por catástrofes naturales o siniestros y donaciones provenientes del exterior para fundaciones sin fines de lucro. Tal tarea priorizó su trabajo sobre los 60 contenedores que, según estimación del Congreso Nacional, habrían ingresado al país en los últimos 6 meses. Durante el Gobierno Interino del doctor Fabián Alarcón Rivera, se investigó la utilización de gastos reservados para cancelar una serie de estudios sico-sociales a través de los Ministerios de Defensa Nacional y de Gobierno. Dada la elevada cuantía de los recursos utilizados, la Comisión consideró fundamental que se legisle sobre la prohibición de manejar recursos públicos sin la debida transparencia. Es fundamental que, sea cualquiera la naturaleza del gasto, la auditoría sea completa e integral observándose, desde luego, restricciones en cuanto a las informaciones de tales auditorías cuando se comprometa la seguridad nacional. La Comisión Anticorrupción, luego de analizar la forma como el Gobierno Nacional manejó los gastos reservados, se dirigió a la opinión pública para expresar lo siguiente: Improcedencia jurídica de los gastos.- De acuerdo con el clasificador de gastos del sector público, los gastos reservados son uno de los subgrupos de las erogaciones globales que puedan causarse bajo tres condiciones: Deben estar amparados en las leyes vigentes Deben destinarse a cubrir actividades y proyectos o gastos circunstanciales no susceptibles de programación durante la formulación del presupuesto, pero en su ejecución es indispensable su aplicación. Solamente pueden ser presupuestados por el Ministerio de Finanzas y se aplican en conceptos específicos durante la ejecución presupuestaria. Lamentablemente, ninguno de los gobiernos a partir de 1994 cumplió con estos requisitos y se ha dado una inconveniente liberalidad en el monto, circunstancias y destino de los gastos reservados. Acciones de la Comisión.- A partir del 3 de febrero de 1998, en que la Comisión Anticorrupción pidió al Presidente del Congreso Nacional que se levante la reserva relativa a las actas y resoluciones concernientes a los gastos reservados incurridos por el economista César Verduga Vélez, ex ministro de Gobierno y Policía, la ciudadanía conoció los montos y las características de tales gastos. Esto generó preocupación en la Comisión Anticorrupción sobre todo porque en ese momento el Litoral Ecuatoriano sufría la devastación más grave por el Fenómeno de El Niño y, paralelamente, se realizaban erogaciones que no se compadecían con la realidad del país. Naturaleza de los gastos.- De las actas analizadas se desprende que se contrataron estudios sicosociales sobre los siguientes temas: Casa Militar: Seguridad Presidencia de la República 6; narcolavado
6; secuestro Internacional de Personas 5; análisis de elementos
sicosociales para Seguridad Interna 4; promoción y defensa
de la imagen del Ecuador en el exterior 4; débitos bancarios,
4; tráfico ilegal de las armas 3; terrorismo internacional
3; caso Villón 2;
La Comisión continuó con las investigaciones en este caso y, de conformidad con la información proporcionada por el diputado por Pichincha, H. Napoleón Saltos, y por el canciller de la República, doctor José Ayala Lasso, certifica que el ex ministro de Gobierno y Policía, economista César Verduga Vélez, "no estableció ningún tipo de coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre las acciones desarrolladas para promover y defender la imagen del Ecuador en el exterior, que, según las actas de juzgamiento de la Contraloría General del Estado y las propias declaraciones públicas el economista Verduga, fue uno de los rubros en que se utilizaron fondos públicos de gastos reservados". La Comisión Anticorrupción se dirigió al señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia solicitando que se incorpore al proceso la certificación de la Cancillería, considerando que, de acuerdo con los artículos 21, 23 y 28 de la Ley de Seguridad Nacional y las normas del Régimen Administrativo, el desarrollo de la política internacional del Ecuador y la promoción y defensa de su imagen son de responsabilidad exclusiva del Ministerio de Relaciones Exteriores. Resultó extraño que en asuntos tan delicados se hayan gastado elevadas sumas de dinero, cuyo monto se desconoce, prescindiendo totalmente de la Cancillería. El caso se encuentra en manos del Presidente de la Corte Suprema
de Justicia y la Comisión remite la documentación
que se le solicita. La parte preventiva es una de las bases fundamentales del trabajo de la Comisión Anticorrupción, tomando en cuenta que no sólo se debe sancionar a los responsables de actos corruptos, sino que al prevenirlos se evita que los recursos del Estado sean desviados para fines personales en perjuicio del pueblo ecuatoriano. En este ámbito, desde enero hasta marzo de 1998, se desarrolló la Campaña de Formación Ciudadana contra la Corrupción, gracias a la colaboración desinteresada de los medios de comunicación del país. Pero el trabajo en la parte preventiva no queda ahí. Se creó la Red Cívica para Combatir la Corrupción con el fin de que la ciudadanía se organice en cada poblado del Ecuador para no permitir que los recursos del Estado sean dilapidados. El 25 de noviembre de 1997 se presentó la "Campaña de Formación Ciudadana contra la Corrupción" que involucra a los medios de comunicación (prensa, radio y televisión) y diferentes sectores sociales, para que la ciudadanía tome conciencia de que debe luchar contra este mal. La Comisión Anticorrupción no emprendió esta campaña individualmente, recibió el respaldo de organizaciones civiles para cumplir con su cometido. Adicionalmente, se firmó con los Colegios Profesionales de Arquitectura, Ingenieros Civiles, Eléctricos y Eléctricos del Litoral un convenio interinstitucional para luchar juntos contra la corrupción. En el convenio se determinó que los colegios antes mencionados se comprometen a prestar sus servicios a la Comisión para apoyar la gestión en labores peritaje, avalúos, fiscalizaciones, etc., a través de sus asociados especializados, cuando el organismo así lo requiera. La Comisión se comprometió a brindar el apoyo necesario a los Colegios Profesionales y por ende a sus afiliados en las denuncias que presentaren respecto a coimas y exacciones solicitadas por funcionarios de instituciones Públicas. La Comisión Anticorrupción invitó a los diversos
sectores sociales a conformar la Red Cívica contra la Corrupción
con el fin de que aúnen esfuerzos para combatir este flagelo
en cada una de las instancias en que se producen. Dentro de este
proceso se logró la adhesión de varios organismos
que, en conjunto con la Comisión, están desarrollando
los diferentes programas a ser implementados. En esta misma ciudad se constituyó la Comisión Cívica Provincial Anticorrupción como parte de la Red Nacional que promueve la Comisión Anticorrupción. Otro de los temas en que trabajó la Comisión es la Primera Conferencia Nacional Anticorrupción que se realizó en Quito y Guayaquil entre el 27 y 29 de julio de 1999, con el apoyo económico de la Fundación Ecuador. Una gran acogida tuvo este programa por parte de diferentes sectores de la sociedad. Por iniciativa de la Comisión se elaboró la Agenda Nacional Anticorrupción luego de una diálogo plural y amplio con los más representativos actores sociales y con las organizaciones que los conforman. El objetivo era identificar conjuntamente propuestas de prevención y lucha contra la corrupción para el corto, mediano y largo plazo. La Agenda Nacional se creó para formular como país - a través de actores sociales representativos e idóneos- un planteamiento concertado contra la corrupción; y, para canalizar las diversas reflexiones y propuestas de sectores organizados de la sociedad civil y para que éstos lo asuman como su referencia y responsabilidad. En una primera fase de consulta se propiciarán diálogos medios de comunicación, periodistas, Conferencia Episcopal, Consejo de Iglesias, empresarios, instituciones universitarias, colegios profesionales, organizaciones gremiales del sector público, instituciones financieras privadas, organizaciones sociales, partidos y movimientos políticos, gobiernos seccionales, autoridades de gobierno e instituciones públicas. Luego de un largo análisis con estos sectores se lograron algunos resultados, entre ellos, propuestas de políticas de prevención y lucha contra la corrupción, de reformas legales, de identificación de mecanismos y procedimientos de control de la gestión pública, de profundización y ampliación de campos de investigación sobre casos de corrupción en los sectores público y privado, de impulso o fortalecimiento de formas de organización ciudadana y de programas y proyectos específicos para luchar contra la corrupción. Esta propuesta sirvió para lo que luego se constituyó en el Plan Nacional Anticorrupción que se presentó en Atlanta en noviembre de 1999. |
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